«No importa cuántos libros tengas, sino cuán buenos sean.» (Séneca)
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“¿Cuánto gasto público?
Incrementar el gasto público comporta una mayor presión fiscal sobre el sector privado y desincentiva el ahorro y el trabajo.
En España, el sector público gasta nueve euros por cada once del sector privado. ¿Es esto mucho o poco? El organismo independiente que fiscaliza las cuentas públicas calcula que entre el 2019 y el 2026 el gasto público ha pasado del 42% al 45% del PIB. Si hubiera prosperado en el Parlamento el techo de gasto presentado por el Gobierno esta semana, el Estado aumentaría su gasto en un 6,6% para una economía que va a crecer un 4,7% en euros corrientes. Hubiera sido otra vuelta de tuerca en la presencia de las administraciones públicas en nuestra sociedad.
Hay quien argumenta que esta tendencia es inexorable: tenemos que gastar más en defensa y las demandas en sanidad y pensiones van a más conforme la sociedad envejece. La inmigración tiene efectos ambiguos en esa tendencia, dado que mejora la pirámide de edad pero genera más complejidad y gasto en las escuelas.
Sin embargo, antes de aceptar esta tesis es preciso reflexionar sobre lo que significa incrementar el protagonismo de lo público. Comporta, primero, una mayor presión fiscal sobre el sector privado. Al nivel en el que ya estamos, los efectos perniciosos en los incentivos a trabajar, ahorrar e invertir son evidentes. La excesiva fiscalidad impide el crecimiento del sector privado y acaba cercenando la generación de riqueza que está en la raíz de la capacidad de recaudar. Segundo, cada euro que gasta el sector público provoca un coste social sustancial: como hemos comprobado hasta la saciedad, es una potencial fuente de corrupción política y genera una gran carga burocrática en aras, precisamente, de impedir ese mal uso de los recursos públicos. Finalmente, si bien es cierto que las necesidades en educación, sanidad y pensiones van al alza, en ningún sitio está escrito que su provisión deba conllevar un mayor papel del sector público. Es importante determinar con rigor las funciones indelegables de las administraciones (justicia, defensa, etcétera) y decidir políticamente la redistribución vía impuestos que se desea. A partir de ahí, los gastos en servicios sociales o infraestructuras se deben abordar teniendo en cuenta que su suministro también lo puede llevar a cabo el sector privado.
Es verdad que la sanidad, las pensiones y la educación públicas pueden tener una función redistributiva, pero también lo es que impulsar la colaboración público-privada en estos ámbitos tiene efectos colaterales muy positivos. La redistribución mediante el gasto público se usa a menudo electoralmente en lugar de atender a los más desfavorecidos y genera ineficiencias, como ocurre con las autopistas gratis o las bajas tasas universitarias. También provoca incentivos perversos, como un ahorro insuficiente en el caso de las pensiones o un exceso de gasto en sanidad cuando no hay copago. Y, por último, no lo olvidemos, detener la expansión de lo público cumple una función crítica en una democracia liberal: preservar, como ocurre en educación, las libertades fundamentales de las personas.” (Jordi Gual (Profesor del IESE) – La Vanguardia, 26 de julio de 2026 )
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La IA dispara la demanda de oficios tradicionales. OpenAI, Google, Meta, BlackRock y otras grandes tecnológicas están contratando miles de electricistas, soldadores y carpinteros para construir centros de datos, elevando los salarios de los oficios especializados. Me recuerda a los vendedores de picos y palas que se hicieron ricos en la época de los buscadores de oro.